Estos señalamientos han sido una constante durante la administración de Hugo Gutiérrez Maldonado, actual secretario de la SSP, quien ha apostado a someter a evaluación a las corporaciones policiacas de demarcaciones en los que las autoridades locales supuestamente son rebasadas.

El último caso resulta emblemático ante la polémica por la reforma al Código Penal para agravar el delito de Ultrajes a la Autoridad propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso local. Tras la modificación, líderes de la oposición han sido vinculados a proceso señalados por ese delito; también lo han sido dirigentes de grupos con reclamos al Gobierno y civiles.

Esto último ocurrió hace unos días en Orizaba: la SSP asumió el control del ese municipio en febrero pasado y ahora, algunos jóvenes están acusados de agresiones contra la autoridad, mientras familiares acusan montajes y abusos policiacos manifestándose en la vía pública de la ciudad. 

Desde 2019 la dependencia ha asumido la seguridad en Pueblo Viejo, Coxquihui, Camerino Z. Mendoza, Río Blanco, Ixtaczoquitlán, Acultzingo, Tlalixcoyan, Alvarado, Sayula de Alemán, Texistepec, Ixhuatlán del Sureste, Naranjal, Mixtla de Altamirano, Paso del Macho, Orizaba, Xico, Maltrata, Altotonga, Agua Dulce, Coetzala, Acayucan, Huatusco, Misantla, Tres Valles y Álamo Temapache.