Dentro de la presente investigación, fue posible encontrar hallazgos a través de los cuales se puede entender mejor la complejidad en el logro de un plan efectivo, como el hecho de que la Coordinación del Plan Estatal de Exhumaciones, que tiene a su cargo la esencia del mismo, no cuenta con una organización establecida; su titular no recibe un sueldo por dicha encomienda, y tampoco recibe presupuesto para su funcionamiento. Es decir, percibe un sueldo como subdirector general de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y paralelamente funge “como coordinador del plan”, según se respondió a una solicitud de información. Ninguna de las áreas creadas para el plan cuenta con una asignación presupuestal definida ni una partida especial, y todas ellas reciben recursos “según su demanda”, de acuerdo con la Dirección General Administrativa de la Fiscalía General del estado, por lo que no es posible rendir cuentas. La Fiscalía de Personas Desaparecidas respondió que “resultaría imposible poder llevar un control detallado del presupuesto destinado y ejercido a la investigación, búsqueda y localización para realizar diligencias en materia de desapariciones o no localización, ya que las necesidades son cambiantes y no existe un criterio definido que establezca específicamente que dicho presupuesto fue ejercido solo para esos temas”.